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En el período 2004-2007 la cantidad de denuncias por aquellos casos que se engloban dentro de situaciones de violencia doméstica se ha duplicado mientras que el número de condenas a los agresores, que en el 90% de los casos son hombres, se mantiene estable.

Estos datos surgen de un Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, registro que se puso en marcha desde el 2004 y que tiene al Ministerio de Justicia como miembro encargado de llevarlo adelante. Este registro es de carácter no público y fue instrumentado para que jueces, magistrados y policías puedan identificar a los presuntos agresores facilitando su tarea.

Según cifras oficiales, se registraron 402.901 casos, de los cuales surgieron 320.000 agresores. De estos agresores fichados sólo un tercio fue condenado mientras que el resto fue absuelto.

¿Cómo se pueden entender estos números?; ¿será que hay falsas denuncias que no tienen sustento real y que inflan las estadísticas, según sostienen algunas voces?, O ¿será que no hay celo para perseguir a los agresores ya que resulta difícil conseguir pruebas para efectuar la condena, tal como afirman la mayoría de las Asociaciones de Mujeres?

El problema resulta complejo y nuevamente, ante estos datos, nos encontramos con la dificultad de poner en juego medidas para penalizar un fenómeno que nos toca en la subjetividad y que requiere ser ubicado como una situación social y de salud y no meramente como un problema de carácter privado.
Entendemos que si bien pueden registrase denuncias no susceptibles de condena, la dimensión de la brecha que existe entre las denuncias y las condenas constituye un semáforo en rojo que le está pidiendo a la Justicia una revisión sobre los mecanismos para abordar estas situaciones de violencia.

Fuente: El Pais